Desde USAP han defendido que la iglesia, como gran tenedor de viviendas según la legislación vigente, debería asumir el mismo esfuerzo que se exige al resto de propietarios en situaciones similares. En este sentido, han argumentado que, al tratarse de un patrimonio de valor histórico y cultural, su cesión o venta por un precio simbólico supondría un beneficio directo para los vecinos de Salou y permitiría destinar los recursos municipales a otras necesidades prioritarias.
La negativa del gobierno municipal a apoyar esta medida ha generado críticas por parte de USAP, que considera injustificable el desembolso de una cantidad tan elevada en un contexto donde se reclama austeridad a otros propietarios. A pesar de la oposición del pleno, el grupo municipal ha anunciado que seguirá trabajando para que la iglesia de Sant Jordi del Cap de Salou reciba la protección que merece y para evitar que el Ayuntamiento asuma un gasto excesivo por su adquisición.
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